Plan solidario: al menos 130 mil funcionarios aportarían al fondo



Al menos, 131 mil funcionarios, de los más de 180 mil servidores que trabajan en el actual gobierno aportarían al plan Panamá Solidario que ideó el gobierno de Laurentino Nito Cortizo para ayudar a personas de escasos recursos en medio de la pandemia.

De acuerdo con datos extraídos de la planilla estatal en el sitio digital planillapty.com, 131 mil 724 servidores –de un total de cerca de 240 mil– ganan un salario superior a los $ 1,000.

El pasado martes, Cortizo propuso que todos ellos aporten una porcentaje de su sueldo al programa. No obstante, aseguró que los montos y otros detalles los dará la próxima semana. Por el momento, adelantó que habrá excepciones, como el personal del Ministerio de Salud, el personal de las fuerzas de seguridad, los educadores, entre otros.

La iniciativa, que ya se lanzó en países como Costa Rica, ha generado un agrio debate entre distintos sectores de la población, con mayor hincapié en la clase política representada en la Asamblea Nacional.

Un grupo de diputados se manifestó en contra. Considera que es poco viable y que, de seguir adelante con la propuesta, corresponderá a la Asamblea debatirla, ya que los salarios de los servidores públicos están regidos mediante la Ley 92 de 1974, que adopta “medidas de protección al sueldo de los empleados públicos”.

El diputado perredista Leandro Ávila expresó que si el funcionario va a donar al plan, aunque sea por tres meses, al final –según él– se convierte en “accionista”. Ávila, quien fue presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), añadió que una medida como esa debe ir en función de los ingresos del Estado.

Propuso que, de llegar la propuesta a la Asamblea, “el rango tiene que ser superior a los $2,500”.

El diputado panameñista Luis Ernesto Carles sugirió que si hay que donar salarios, que se empiece por aquellos altos, como el de los administradores del Canal y la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que ganan $26 mil y $18 mil al mes, respectivamente. Carles cree que también habría que hacerlo con los bancos estatales, incluso, el sector privado.

Recientemente, los diputados rechazaron una propuesta del independiente Juan Diego Vásquez, que facultaba al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría para limitar el salario a los funcionarios cuyo salario mensual sea superior a los $2,500. Proponía que el resto fuera al plan solidario.

Análisis de la norma

Conocedores del tema laboral explican que el Código de Trabajo no es aplicable a la gran mayoría de los servidores públicos, salvo aquellos casos en los que trabajen para empresas estatales con manejo corporativo, como Tocumen, S.A. y Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. Según las normas de Carrera Administrativa, existen algunas situaciones, muy limitadas, en las que este código puede ser una norma de derecho supletorio aplicable a los servidores públicos.

La deducción salarial que Cortizo está promoviendo requeriría la aprobación de una ley para estipular la deducción obligatoria a los servidores públicos que perciben un salario mayor de $1,000 al mes.

En caso contrario, solo se podrían hacer deducciones si los servidores públicos aceptaran de forma voluntaria donar parte de su salario.