Abusos y represión policial activan las alarmas



La represión y abusos cometidos por la Policía durante la pandemia constituyen una violación flagrante a su ley orgánica y otras normas, y una alarma ante la amenaza que implica un estamento de seguridad que pasó de ejecutor de las normas a intérprete de estas.

La ciudadanía frente a la Policía en tiempos de pandemia

Un reconocido chef fue golpeado por rehusarse a hacer la prueba de alcoholemia. Una pareja de mujeres fue detenida por darse un beso dentro de su automóvil. Jóvenes manifestantes pacíficos, en la calle 50, fueron golpeados por la Policía Nacional al momento de efectuarse su detención.

Estos son algunos de los incidentes de más alto perfil que ha tenido la Policía Nacional en distintas etapas de los seis meses de controles sanitarios y restricciones de la libertad ciudadana.

Lo que dice la ley

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional: “A los miembros de la Policía Nacional, en el desempeño de sus labores profesionales y relación con la comunidad, les corresponde proteger la dignidad humana, respetar y defender los derechos humanos de los nacionales y extranjeros; están impedidos de infligir, instigar o tolerar actos de tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes, así como cualquier otra práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física. La violación del presente precepto no exime de responsabilidad al ejecutor.”

Vale recordar que los miembros de la Policía Nacional son agentes de autoridad, es decir, hacen cumplir las normas y decisiones de las autoridades civiles del país.

El uso de elementos represivos para contener manifestaciones pacíficas o efectuar las detenciones de civiles desarmados, por ejemplo la detención de los jóvenes surfistas quienes fueron esposados y arrodillados en la arena caliente, constituyen prácticas que violan la Ley Orgánica y los principios de los usos de la fuerza ante personas que no representan riesgo o amenaza alguna. La situación se complica porque la Policía Nacional no informa sobre sus investigaciones administrativas o si hubo sanciones por estas conductas.

Otro ejemplo lo constituye el Decreto Ejecutivo 332 de 2008, que derogó el artículo 12 del Decreto Ejecutivo 149 de 2 de mayo de 1949, que era la norma administrativa que penalizaba la homosexualidad en Panamá. En otras palabras, la homosexualidad no es un delito ni una falta administrativa desde 2008. Entonces, la detención de la pareja femenina fue ilegal, incluso invocando la llamada norma de los “actos inmorales”. Usualmente, para encubrir la medida discriminatoria, se la combina con la universalmente favorita de “irrespeto a la autoridad”. Los juzgadores, en este caso los jueces de paz, deben tener mucho cuidado de aplicar una sanción disimulada que en el fondo esconde la discriminación por orientación sexual.

El especial caso del “guarómetro”

Según el artículo 140 del Reglamento de Tránsito: “Todo conductor está en la obligación de someterse a las pruebas indicadas en el artículo anterior…”. Esta es la norma que invoca la Policía de Tránsito y otras autoridades para justificar la obligatoriedad de la prueba de “análisis de aires expirales” que es la base de la prueba del alcoholímetro.

Sin embargo, el artículo 139 del Reglamento de Tránsito establece 11 pruebas distintas para verificar el estado de embriaguez o de intoxicación por narcóticos de un conductor. La Policía de Tránsito perfectamente podía sustituir la del alcoholímetro por alguna de las ocho pruebas físicas reconocidas por el Reglamento de Tránsito o conducir al ciudadano a una instalación de salud para realizarse alguna de las otras dos pruebas médicas que permite la norma, que sirven de mecanismo probatorio del estado de embriaguez del conductor.

Es verdaderamente terrible que, teniendo a su disposición otras 10 opciones, los agentes de policía optaran por acciones de violencia que bien pudieron resultar en una grave lesión o la muerte del ciudadano afectado.

Horizonte preocupante

Desde la renuncia de Rolando Mirones como director de la Policía Nacional, en el año 2008, ese cargo solo ha sido ocupado por uniformados. Los encargados de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de todos los cuerpos de seguridad también son uniformados, a los que les corresponde “investigar” a los otros uniformados, por la supuesta comisión de infracciones o de irregularidades en el desempeño de sus cargos. Así queda claro que a la propia Policía le corresponde investigar lo que hacen sus miembros, y ningún civil tiene injerencia en ese proceso.

Esa cultura genera lo que el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni denominó como “policización”, es decir, la militarización de la policía, al convertirse de ejecutora de las reglas y normas, a intérprete de las mismas. En Panamá hemos dejado que la policía se quede sola, con todos los riesgos y amenazas que esto implica, y que las actuaciones dentro de la pandemia han demostrado.