Brunch dominical | La Prensa Panamá


Con la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, el pleno de la Corte Suprema decidió rampantemente que la investigación de los sobornos que FCC pagó en el contrato del corredor Vía Brasil, ya no tendrá la calificación de causa compleja. Aunque la fiscal Ruth Morcillo cree que podrá reparar parte del daño que produce una decisión como esta, lo cierto es que -mientras tanto- están en peligro los acuerdos de pena pactados con antiguos ejecutivos de la constructora y otras diligencias practicadas a partir de octubre de 2019. De surgir las peores consecuencias que podrían derivarse de este fallo de la Corte, ocurriría lo mismo que con la investigación de los fondos asignados a las juntas comunales: un juez la declaró causa compleja y luego el Primer Tribunal Superior revocó esa decisión. Eso sucedió en julio pasado, en plena pandemia y con los términos judiciales suspendidos. Contra esto, no tenemos inmunidad de rebaño.

ESTE FIN de semana, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) emitió un comunicado para hacer frente al “discurso de odio” que, desde hace meses, se promueve en el país, para “demonizar” a los bancos. La asociación sostiene que toda la información de sus agremiados es pública, que no reciben subsidio alguno, que las tasas de interés de préstamos del mercado panameño son las más bajas de la región y que, desde el inicio de la pandemia, han acordado medidas de alivio financiero y modificado préstamos con saldos que ascienden a $26,319 millones. “Los 25 mil colaboradores que laboran en 60 bancos que forman el centro bancario internacional, rechazan enérgicamente los insultos y mentiras que buscan sembrar el caos y destruir la confianza pública”, señala la ABP en un comunicado. Ni Miguel de Cervantes hablaba en un castellano más claro que este. Este comunicado es congruente con la posición que el presidente de la República ha adoptado frente a proyectos de ley disparatados y sin respaldo de estudios de ninguna naturaleza, surgidos de la Asamblea Nacional. Es muy probable que algunos diputados se estén convirtiendo en unos influencers que aprueban cosas que no atienden las necesidades de la población, sino que responden a tendencia en redes sociales, muchas veces impulsadas por ellos mismos. Y encima, hay que pelarles el ojo en los dos meses de receso, que corren a partir del próximo 31 de octubre. La última vez que esta gente tuvo un break, la Asamblea desembolsó $8 millones de su planilla 172 (afectuosamente conocida como cashback), sin que todavía sepamos quiénes fueron las 1,750 personas contratadas y qué servicios presuntamente ofrecieron, si se supone que todo mundo estaba confinado en su casa. Para qué quiere esta gente convencernos que están cuidando nuestro dinero de los bancos, si son ellos los que lo despilfarran…

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