Demanda pide frenar el uso de los $22.8 millones



La demanda de nulidad presentada por el ex candidato presidencial Ricardo Lombana contra la resolución del Consejo de Gabinete que avaló los $22.8 millones a la Asamblea Nacional pide a la Sala Tercera de la Corte suprema suspender el crédito, por “los perjuicios de tipo social y económico que causará a todos los panameños”.

Considera que son “graves, toscas, y flagrantes [las] transgresiones cometidas por la autoridad emisora del acto, en este caso el Consejo de Gabinete, al violar la ley de responsabilidad fiscal y la de presupuesto”.

Para algunos, los alegatos de la demanda son viables. Para otros, si la Corte demora un año en fallar podría darse una sustracción de materia, pues la ley de presupuesto solo tiene vigencia por ese tiempo.

“…la ilegalidad de la mencionada resolución es muy clara y no deja lugar a dudas de que es para financiar gastos corrientes de la Asamblea con recursos provenientes de bonos externos creados para tal fin, lo que es tajantemente prohibido. Ignorar esa prohibición, es una ostensible violación grosera de la ley”, opinó el exmagistrado de la Corte Edgardo Molino Mola.

¿Es viable demanda contra resolución de gabinete?

Abogados y dirigentes de la sociedad civil esperan que la Corte Suprema de Justicia falle en derecho respecto a la demanda de nulidad interpuesta contra la resolución del Consejo de Gabinete número 81, del pasado 27 de octubre, que avaló un crédito al presupuesto del Estado de 2020, para la planilla 002 de la Asamblea Nacional.

Algunos consideran que es viable la demanda, presentada el lunes por el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. Otros aseguran que la Corte es el lugar para que se de el debate.

Para el exmagistrado de la Corte Edgardo Molino Mola, la demanda está “muy bien sustentada y consideró que la Sala Tercera debe atender con prontitud este caso”.

De acuerdo con su criterio, “la ilegalidad de la mencionada resolución es muy clara y no deja lugar a dudas de que es para financiar gastos corrientes de la Asamblea con recursos provenientes de bonos externos creados para tal fin, lo que es tajantemente prohibido. Ignorar esa prohibición, es una ostensible violación grosera de la ley”.

“Creo que la Sala Tercera debe pronunciarse inmediatamente, suspendiendo dicha resolución, tal como lo solicita el demandante y así corregir rápidamente semejante desatino”, indicó.

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, aunque el debate judicial siempre será adecuado para que se generen los contrapesos a los actos administrativos, en este caso hay un obstáculo: el tiempo que toma la Corte para resolver una demanda de este tipo versus la temporalidad de la medida decretada –un año–, que representa la vigencia de la ley de presupuesto del año corriente.

Según Araúz, el próximo año todo cambiará y las posibilidades de decretar una sustracción de materia son elevadas.

Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, respaldó la tesis de Lombana y opinó que es ilegal el traslado de $22.8 millones, ya que proviene de un crédito adicional y, según la ley de presupuesto, estos solo pueden venir de un superávit o excedente, un ingreso que no haya sido incluido en el presupuesto o de un nuevo ingreso. “No se cumple ninguno de los tres casos. Esperamos que la Corte falle en derecho”.

A su juicio, el crédito avalado por el Gabinete es una más de las “típicas prácticas clientelistas” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que los argumentos de Lombana respecto a que la resolución viola las leyes de presupuesto y de responsabilidad fiscal son definitivamente materia que debe ser resuelta por la Corte, “que tiene la responsabilidad constitucional de dar la correcta interpretación de la norma”.

Para el abogado Rubén Elías Rodríguez, estos alegatos pueden tener viabilidad, pero las leyes presuntamente violadas ameritan de una interpretación, ya que no especifican la violación de alguno de sus artículos. “Habrá que ver lo que la Corte determine, pues puede aducir que una de las responsabilidades del Estado es pagarle a sus funcionarios”.

Este medio llamó a los diputados Tito Rodríguez y Marcos Castillero, de la directiva de la Asamblea, pero no respondieron.

En el recurso, Lombana pide a la Sala Tercera suspender el uso de los $22.8 millones, debido “a los perjuicios de tipo social y económico que causará a todos los panameños”.

Afirma que son evidentes las “graves, toscas, y flagrantes transgresiones cometidas por la autoridad emisora del acto, en este caso, el Consejo de Gabinete, al violar la ley de responsabilidad fiscal y la de presupuesto”.

Cita la crisis económica por la pandemia, las inundaciones en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, y advierte que “no se puede poner el interés particular de un órgano del Estado por encima del interés y sufrimiento nacional”.