Fiscalía de Cuentas tomará declaración a implicados en compensación de buses



La Fiscalía General de Cuentas –a cargo de la fiscal Waleska R. Hormechea Beluche– inició la toma de declaraciones a dueños de concesionarias y fiscalizadores de la Contraloría General de la República que participaron en el proceso de compensación de buses “diablos rojos” tras ser reemplazados por el sistema de transporte Metro Bus en 2010.

Fuentes de la fiscalía revelaron que las diligencias se iniciaron a partir de un informe de auditoría de la Contraloría, que constató una posible lesión al Estado de $24 millones en dicho proceso de compensación.

Los interrogatorios se efectúan en Veraguas, Coclé, Darién y Panamá, y también incluyen a los beneficiarios de las compensaciones.

Como parte de su investigación, la Fiscalía de Cuentas ha recuperado documentos relacionados con el proceso de indemnización de los buses, entre ellos, certificados de operación presuntamente reasignados de manera irregular.

Auditoria reveló irregularidades

La investigación se inició tras una auditoria de la Contraloría, que reveló que entre los años 2009 y 2014 hubo irregularidades en el proceso de compensación de los buses “diablos rojos”. En aquella época salieron a relucir, sobre todo, posibles anomalías en las indemnizaciones a los propietarios de los autobuses, que dieron paso al Metro Bus.

Asimismo, documentos sobre el cambio de ruta de algunos buses pese a que ya se había concretado la entrega de la compensación.

Otra de las irregularidades encontradas por la Fiscalía de Cuentas es que algunos buses fueron compensados más de una vez, lo que apunta hacia una posible falta de fiscalización en el proceso, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Proceso penal

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga también adelanta un proceso –en la esfera penal– por la presunta comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos tras el proceso de compensación de los “diablo rojos”.

En esta investigación, el Ministerio Público ha imputado cargos a 281 de 500 personas investigadas, entre propietarios de buses, concesionarias, funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, particulares y un exfuncionario de la Asamblea Nacional.