Violencia contra mujeres | La Prensa Panamá


Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como “Las mariposas”, enfrentaron valientemente a la dictadura de Rafael Trujillo, quien oprimió a la República Dominicana durante más de 30 años (1930-1961). Por órdenes del dictador, fueron cruelmente asesinadas seis décadas atrás en esta fecha, el 25 de noviembre de 1960.

Su asesinato estremeció al país y a un continente asqueado de los abusos, la megalomanía y la vesania de una dictadura impresentable, y convirtió a “Las mariposas” no solo en un símbolo de resistencia contra el autoritarismo político sino, además, contra la violencia hacia las mujeres.

Poco más de seis meses duraría el propio Trujillo, repugnante espécimen de la fauna dictatorial americana, antes de ser abatido a tiros en mayo de 1961, con lo cual concluyó su oprobioso régimen de terror. Años más tarde, el 7 de febrero de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó, en recuerdo de “Las mariposas”, el 25 de noviembre de cada año como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Según la propia Asamblea General, constituye violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (A/RES/54/134).

Como sectores particularmente vulnerables a esta violencia, la ONU identifica a “las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto” (A/RES/48/104).

La violencia contra la mujer permanece, muchas veces, en la invisibilidad, pues frecuentemente ocurre a puertas cerradas, sin que existan u operen instancias que permitan atender una problemática de extrema gravedad. Según ONU-Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 137 mujeres son asesinadas diariamente, en todo el mundo, por un miembro de su familia.

“Incluso antes de la aparición de la pandemia de COVID-19”, señala otro informe de ONU-Mujeres, “243 millones de mujeres y niñas en todo el mundo habían sido maltratadas por sus compañeros sentimentales en el último año.” De acuerdo con la misma agencia, las mujeres, incluyendo niñas, representan el 72% de todas las víctimas del tráfico de personas. Tres de cada cuatro menores víctimas del tráfico infantil son niñas.

Panamá no es ajena a esta violencia. La Procuraduría General de la Nación reporta un aumento, en años recientes, en el número de “femicidios” (“feminicidios”, según el Diccionario): de 19 (2016), 18 (2017), 20 (2018) y 21 (2019), a 26 entre enero y octubre de 2020.

En cuanto a violencia doméstica, cuyas principales víctimas son las mujeres, ha habido 12 mil 540 denuncias entre enero y octubre de 2020, lo que equivale a 41 cada día. En lo que atañe a maltrato de menores (principalmente, contra niñas), ha habido, en el mismo lapso, mil 872 denuncias, lo que representa seis cada día.

Estos números son inferiores a los de años anteriores, probablemente por las restricciones de movilización y los cierres de oficinas públicas impuestos por el gobierno. Lo cual pone de manifiesto otra consecuencia de la pandemia: la falta de acceso a la salvaguardia del Estado para las víctimas de la inseguridad, agravada como consecuencia de la desaconsejada clausura de los despachos judiciales, sin que se haya suministrado al público otros mecanismos efectivos de seguridad ciudadana.

Si en tiempos normales, las instancias de protección, como los juzgados de paz y las dependencias del Ministerio Público, funcionan pésimamente mal, la pandemia ha venido a deteriorar la situación aún más. Deberían tener esto en mente los funcionarios que hoy hablarán acerca la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer y comprometerse a hacer más eficiente una estructura estatal que permita romper el círculo tóxico del maltrato, el cual—como lo señala una querida psicóloga—“no discrimina por etnia, clase socioeconómica ni profesión”.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.